4. La violencia y el sistema judicial penal
El sistema judicial penal está encargado de realizar los procedimientos necesarios para retribuir los daños ocasionados a una víctima de un caso de infracción a su integridad y seguridad ciudadana, como un civil de su nación, el trabajo del sistema judicial penal corresponde al sistema de administración de justicia del país, sancionar los actos de un individuo o individuos que atenta contra el orden, las normas y el sistema de la sociedad se le adjudica una pena de acuerdo a las condiciones y hechos cometidos que perjudicaron a otro.
En esa misma línea de pensamiento, el sistema judicial penal también está encargado de otras funciones que prevalecen el constante funcionamiento del orden y la paz de una comunidad, restringir o prevenir las consecuencias de la violencia social y el delito les corresponde a los entes y instituciones del país para un seguro y pacifico Estado, que emplea medidas para la permanencia de la seguridad del pueblo.
En el caso de Costa Rica, cuando el sistema judicial penal ejecuta sus funciones con gran eficacia y justicia significa que se está promoviendo un debido sentido de dominio sobre las complicaciones que trae la violencia y el delito en nuestra sociedad.
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| Fuente: La Nación, (2015). Sala Constitucional mantiene pena máxima de 50 años de cárcel |
Rico y otros (1988) expresan que el sistema judicial penal puede ser lo siguiente:
" El sistema de administración de justicia es una de las instituciones indispensables en cualquier sociedad porque cumple, por medio del Derecho, la función tradicional y esencial de asegurar la coexistencia pacífica de cualquier comunidad organizada, armonizando las actividades de sus miembros y, porque le corresponde la misión de poner en ejecución ese objetivo solucionando en forma imparcial, rápida y justa, los conflictos que puedan surgir entre los individuos o entre estos y el Estado, como consecuencia de la vida en comunidad"(pág.3).
Al mismo modo que Campos (2022) se podría alegar que a pesar del trabajo del sistema de administración de justicia y sus instituciones es dar paso a una debida ejecución de las penas y sanciones contra infractores que perjudican la ley y el orden del país y también generar repercusiones a víctimas que se encuentran en medio del proceso, las penas en Costa Rica apenas dan de que hablar, lidiar y criticar, los infractores del orden que cometen delito y generan violencia apenas reciben las sanciones que debidamente ocupan , para recompensar el daño que provoco a alguien o a varios.
"Un amplio sector de la ciudadanía costarricense, tal vez la mayoría, reclama penas más fuertes. Sin embargo, en esta manera de pensar se entrecruzan dos nociones distintas: la pena como castigo y la pena como factor de prevención.... En el segundo sentido, (...) más bien fomenta la violencia social." (Campos, 2022, pág.293)
Fernando Cruz:" Se quiere debilitar al Poder Judicial, para tener más control sobre él"
Ciertamente en Costa Rica, se ha podido ver cómo es la reacción del pueblo costarricense ante casos de homicidios, femicidios, robos y corrupción política, las penas que reciben que reciben este tipo de crímenes en cualquier contexto social es una polémica, la gente empieza a preguntarse si realmente nuestro sistema de justicia está ejecutando bien la ley o más bien en que está fallando el sistema de administración de justicia para que a delitos tan graves se le adjudiquen penas tan pequeñas.
Lo cierto hasta ahora es que, esto solo ha provocado efectuar un proceso que la gente le llama "ejecutar la justicia por su propia mano, ya que los servicios judiciales y penales no están realmente intentando algo por mediar el problema que trajo consecuencias graves a alguien".
Las penas como castigo pueden ser más atractivas para la sociedad cuando se culpa a alguien que ejecutó un crimen grave, la idealización y el objetivo de redención, reformación y resocialización de un individuo sancionado es menos llamativa, a la gente no le interesa incorporar a un criminal a su sociedad.
La justicia enmascarada por violencia es una premisa para ejecutar la fuerza sobre otros y provocar aún más violencia en el sistema de administración de justicia.

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